Reconozco que últimamente, mi devoción por el derecho romano va in crescendo, desde que en los lejanos tiempos de la carrera tuve algunas referencias y un breve contacto con esta disciplina.
A mi entender, el derecho romano es un cuerpo jurídico-filosófico de una monumentalidad impresionante, uno de los pilares de la civilización occidental que ha imbuido las legislaciones de una infinidad de países en los cinco continentes. Pero, no sólo. También en las costumbres de las gentes, en los derechos y obligaciones entre los ciudadanos y los estados y entre éstos entre sí.
El derecho romano fue el primer cuerpo jurídico que reconoció la condición de ciudadanía a los súbditos, que democratizó la política al pasar del imperio a la república, del imperator a la res pública y hacer de ésta el epicentro de las relaciones entre hombres iguales y libres.
Voy al grano. De todo lo que he leído, me ha llamado la atención el aprecio que tenían los jurisconsultos y los legisladores romanos del concepto de lo civil. De ahí lo que hemos devenido en llamar civilización y del derecho de ciudadanía al que las leyes le atribuían dignidad y estima social, una especie de estado que conservaban en su integridad gobernantes y gobernados, mientras su conducta continuara siendo civilmente irreprochable.
Pero bien, tan alta estima podía perderse con la privación de la libertad o de la ciudadanía y entre otras muchas causas me ha llamado mucho la atención una de las causas de pérdida de libertad y ciudadanía: la, con todo acierto, llamada infamia.
La infamia se subdividía en varios tipos, entre los que estaba la Infamia facti, la que traigo a colación porque creo que es la que viene al caso, consistente en una disminución del honor más o menos grave, y que estaba fundada en la sentencia moral de los conciudadanos, en la opinión pública, y daba lugar a notables consecuencias jurídicas, siempre desfavorables para la persona turpis o villis.
La infamia llevaba consigo la pérdida de los derechos políticos y la capacidad de postulare, es decir, de estar en juicio como representante de terceros y de intentar acciones de interés público, es decir lo que hoy diríamos como inhabilitación pero no solo con la la pérdida de los derechos políticos inherentes sino también de los derechos civiles.
Sin remontarme mucho atrás, en estos turbios y deleznables tiempos políticos que nos ha tocado vivir, hay muchos candidatos, muchísimos, pero alguien parece tener todas las papeletas para encajar como anillo al dedo a lo que les he contado. ¿A qué saben de quién se trata?
A mi entender, el derecho romano es un cuerpo jurídico-filosófico de una monumentalidad impresionante, uno de los pilares de la civilización occidental que ha imbuido las legislaciones de una infinidad de países en los cinco continentes. Pero, no sólo. También en las costumbres de las gentes, en los derechos y obligaciones entre los ciudadanos y los estados y entre éstos entre sí.
El derecho romano fue el primer cuerpo jurídico que reconoció la condición de ciudadanía a los súbditos, que democratizó la política al pasar del imperio a la república, del imperator a la res pública y hacer de ésta el epicentro de las relaciones entre hombres iguales y libres.
Voy al grano. De todo lo que he leído, me ha llamado la atención el aprecio que tenían los jurisconsultos y los legisladores romanos del concepto de lo civil. De ahí lo que hemos devenido en llamar civilización y del derecho de ciudadanía al que las leyes le atribuían dignidad y estima social, una especie de estado que conservaban en su integridad gobernantes y gobernados, mientras su conducta continuara siendo civilmente irreprochable.
Pero bien, tan alta estima podía perderse con la privación de la libertad o de la ciudadanía y entre otras muchas causas me ha llamado mucho la atención una de las causas de pérdida de libertad y ciudadanía: la, con todo acierto, llamada infamia.
La infamia se subdividía en varios tipos, entre los que estaba la Infamia facti, la que traigo a colación porque creo que es la que viene al caso, consistente en una disminución del honor más o menos grave, y que estaba fundada en la sentencia moral de los conciudadanos, en la opinión pública, y daba lugar a notables consecuencias jurídicas, siempre desfavorables para la persona turpis o villis.
La infamia llevaba consigo la pérdida de los derechos políticos y la capacidad de postulare, es decir, de estar en juicio como representante de terceros y de intentar acciones de interés público, es decir lo que hoy diríamos como inhabilitación pero no solo con la la pérdida de los derechos políticos inherentes sino también de los derechos civiles.
Sin remontarme mucho atrás, en estos turbios y deleznables tiempos políticos que nos ha tocado vivir, hay muchos candidatos, muchísimos, pero alguien parece tener todas las papeletas para encajar como anillo al dedo a lo que les he contado. ¿A qué saben de quién se trata?
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