El desbarajuste legal que estamos viviendo sobre quienes deben asumir los costes de las aperturas y cancelaciones de las hipotecas, con el muy dañino desprestigio del máximo tribunal, tiene sus orígenes años ha. De manera especial desde que el indigente intelectual Zapatero tuvo la feliz idea de nombrar a Fernández Ordóñez, conocido en los ambientes como MAFO, Gobernador del Banco de España (BdE).Es evidente que este señor se dedicó casi, o sin casi, en exclusividad a hacer la vista gorda frente a las tropelías que los sucesivos ministros económicos de la legislatura, léanse el prevaricador Solbes y la ignorante Elena Salgado llevaron a cabo.
Las funciones que desde la finalización de la guerra civil había desempeñado el BdE con bastante eficiencia como institución reguladora del sistema financiero, dejaron de ejercitarse bajo el argumento de que éstas habían sido asumidas por el BCE, por no decir entregadas, sin más, sin nada a cambio.
El prestigioso Servicio de Inspección del Banco de España, adonde iban a parar los mejores cerebros de los jóvenes funcionarios de la institución, fue deliberadamente arrinconado y amordazado para que no denunciase todos los múltiples atropellos que se llevaron a cabo.
Nadie hubo para defender a los consumidores de servicios bancarios que vieron como los bancos y en especial las Cajas de Ahorros atropellaban vez tras vez sus más elementales derechos, con las ventanillas del Banco de España cerradas a sus quejas, a cal y canto.
Se permitieron abusos en comisiones absolutamente abusivas, cláusulas ilegales y opacas, gastos inflados, posiciones de poder y dominantes frente a los usuarios bancarios, nepotismo, favoritismo para con los partidos políticos, Frente a todo ello y más, el BdE calló durante años y años.
Antaño, en épocas del régimen de Franco y los primeros años de la llamada transición (a ¿qué?, ¿al actual desastre), hasta la gobernanza de Luis Angel Rojo, incluido, eran las entidades las que acudían al B de E a que éste les diera el visto bueno a cualquier medida que quisieran llevar a efecto.
A la justicia no le ha quedado otra que asumir el papel que hubiese debido llevar a cabo el BdeE como órgano regulador del sistema financiero, cuando los conocimientos y la formación económica y financiera de nuestros jueces y magistrados es paupérrima, como regla general.
Y para colmo de males, como no existe división de poderes, los gobiernos hacen y deshacen a su antojo en el poder judicial para tener a una banca domeñada y paniaguada con los intereses del partido político de turno. Así, hemos llegado al carajal en que nos encontramos hoy.
¿Qué solución salomónica adoptará el Supremo el próximo día 5?
A la Banca nunca le va mal. La Banca siempre gana.
Más de 15.500 millones de euros de beneficios netos en ocho meses no está nada mal, pero parece que a los seis primeros espadas de la Banca no les parecen suficientes para asumir un coste de devolución de un impuesto, que seguro les retornaría el gobierno.
Beneficios netos Enero-Septiembre de 2018
de los seis primeros Bancos españoles
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Bankia, 849 millones, un 1,14 % superior al obtenido un año antes, cuando también registró un incremento similar.
BBVA 4.755 millones de euros, un 2,4 % más que hasta septiembre de 2017
Santander 7.885 millones, casi un 5 % más
Bankinter 403,6 millones de euros hasta septiembre, un 7 % más
CaixaBank 1.768 millones , casi un 19 % más
Sabadell 248 millones de euros, un 56 % menos,_
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Beneficio neto conjunto 15.548,6 millones de euros.
Frente a estos beneficios, los hipotecados españoles van a tener que ver si el tan alto tribunal español dicta un juicio que les resarza, aunque sea mínimamente, de los sablazos que el sistema financiero les ha proporcionado estos años, muchos, atrás. Quizá respetará la sentencia ya emitida, minorando o eliminando los efectos retroactivos en aplicación de la misma. Sea la que sea, el asunto va para largo y el Supremo no será el fin del camino. La cosa acabará en Europa, si acaba.
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