Pues bien, de un tiempo acá han florecido algunas empresas -de momento parece ser que cuatro grandes-, aunque la práctica viene de viejo, que se dedican a gestionar el alquiler de una licencia en que el titular de la misma se jubila, para que sea trabajada por un conductor, digamos que novato.
El chanchullo
Una de las empresas que se dedican a esta actividad absolutamente ilegal es Creditaxi, la mayor de todas las que se dedican al alquiler de licencias de taxi en Madrid. El “negociete” es muy sencillo: en lugar de vender su licencia, el taxista jubilado otorga poderes a las empresas de alquiler que se encargan de buscar conductores, formalizar seguros y gestionar el dinero recaudado por los conductores.
“Pedimos a cada conductor que facture 3.800 euros. Ellos se quedan con el 35%. Nosotros tenemos una comisión fija de 300 euros. El propietario sólo tendría que pagar los gastos de la Seguridad Social o de autónomos de los contratados. Al final le quedan entre 1.400 y 1.700 euros”, explica un responsable comercial de la empresa Creditaxi.
Para protegerse legalmente, las compañías niegan que vivan del negocio del alquiler del taxi. Aseguran que sólo “gestionan” los vehículos cuando sus dueños están enfermos o tienen una sanción de tráfico que les impide la explotación del vehículo.” (02B).
Fuentes consultadas, nos han indicado que la facturación anual de esta actividad supera fácilmente los 100.000 euros anuales por empresa.
Todos al retortero
Existe otra empresa, Todo Taxi, que practica otra modalidad diferente de la anterior y que consiste en “gestionar” el alquiler del coche por días a 80 o 90 euros por jornada e, incluso, otras que compran licencias, conformando cárteles dominantes en el mercado, en detrimento de los taxistas autónomos que son la mayoría en Madrid y las capitales españolas.
“Además de Creditaxi, otras dos empresas luchan por el mismo mercado: Jubiltaxi y Gestión Integral del Taxi. Una cuarta compañía, pionera en el sector y gestionada por un expolicía local madrileño ampliamente conocido en el medio, también compite para la captación de taxistas jubilados.
“Ayudamos a los taxistas a rentabilizar al máximo sus licencias y mejorar su jubilación gracias a nuestro servicio”, anuncia la empresa Jubiltaxi que promete 1.000 euros netos mínimos al mes.
Como casi siempre suele ocurrir en estos sectores intervenidos por las administraciones, donde con frecuencia se cruzan los papeles y las líneas divisorias entre los intereses de la autoridad y de los administrados, son caldo de cultivo para el afloramiento de grupos de presión y expolicías en extrañas connivencias.
Una actividad manifiestamente ilegal
Lo que hemos llamado “chanchullo” es una manera coloquial de referirnos a una ilegalidad manifiesta que consiste en “negociar” intermediando con el alquiler del taxi y de las licencias.
Como todo el mundo sabe, la licencia de un taxi es una concesión ad personam y no al vehículo. Lo que quiere decir que la licencia va íntimamente y legalmente unida al titular de la concesión y no al vehículo, de tal manera que si el titular no la ejerce o, por ejemplo, se jubila, el titular no puede alquilarla a terceros.
El Reglamento de Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo, lo deja meridianamente claro en su artículo 17, apartado 5. Dicho apartado afirma textualmente que “se prohíbe el arriendo, cesión o traspaso de la explotación de las licencias y de los vehículos afectos a las mismas al margen del procedimiento regulado en este artículo”.
El Ayuntamiento no hace nada
El 20 de julio de 2013 la Asociación Gremial anunciaba en un comunicado a todos sus socios y al colectivo del taxi en general, que “esta entidad ha presentado diferentes denuncias al Ayuntamiento, a la Jefatura Superior de Policía, al periódico El Mundo y a la Fiscalía Anticorrupción sobre la situación de subarriendo en vehículos autotaxis en los diferentes talleres y polígonos industriales, práctica esta que está totalmente prohibida”. A la citada denuncia parece ser que se han añadido otras asociaciones como La Gremial, la Federación e, incluso, la mencionada Todotaxi.
Como ya es habitual, que nosotros sepamos, en este caso el Ayuntamiento madrileño no ha dicho todavía nada, tratándose de una actividad regulada como es la del taxi. Bien es cierto que lo que estamos denunciando puede verse como luchas gremiales que de siempre se han dado en el sector del taxi madrileño para llevarse lo que suele decirse, el gato al agua. La alcaldesa se dio por enterada de este tema el pasado 16 de enero, comprometiéndose a hacer un estudio exhaustivo de lo denunciado… y hasta hoy.
Addenda
Mi opinión acerca de lo que vengo comentando ya ha sido expuesta en Taxi vs VTCs. La solución a estas rocambolescas situaciones no es más intervencionismo que como se ve da origen a esta picaresca, sino más desregulación que posibilite y permita una competencia sin obstáculos de entrada al mercado, sin la existencia de un intervencionismo trasnochado que promueve y consiente oligopolios de poder, en detrimento de la calidad y el precio de este servicio a los ciudadanos.
(Artº publicado en 2014 en el digital ZONA RETIRO)
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