Por
José Enrique Villarino Valdivielso
Ex-Jefe del Gabinete de Proyectos Estratégicos de la
D. G. de Alta Velocidad de Renfe Operadora
Dentro de pocos días se cumplirá el 6º aniversario de la tragedia ferroviaria del Alvia 04155 en la que murieron 81 personas y 144 resultaron heridas. De entonces al próximo día 24 habrán transcurrido 2.191 días de frustración y desesperanza para las víctimas, sus familias y amigos, sin que la justicia, ni la administración, ni los políticos, ni las empresas involucradas hayan hecho nada, ni resuelto nada, salvo perder el tiempo y la vergüenza.
2190 y un día son los transcurridos sin que haya sentencia y es la condena con la que la Justicia española sigue castigando a las víctimas y familiares de la tragedia ferroviaria de Angrois del 24 de Julio de 2013. Y suma y sigue, porque todavía nada se ha juzgado. Un cambio de juez, cambio sobre el que mantengo la sospecha de que los políticos, con sus manazas, hayan sido los causantes por más que se revista de una mera cuestión de trámite y escalafón, las dilaciones en las periciales, el cierre improvisado, improcedente y precipitado de la instrucción que pretendía el juez Lago, la amonestación de la Audiencia provincial de A Coruña, todo ello con la parsimonia que caracteriza a este segundo juez en la causa que nos ocupa.
Otros que tal bailan, son los políticos que se negaron a admitir una comisión parlamentaria de investigación y han estado remoloneando hasta que ya se les caía la cara de vergüenza. Como no podía ser menos, la convocatoria de unas elecciones frustró que el parlamento se pronunciase con un ampliamente reivindicado veredicto político.
Sobre la infraestructura, poco o casi nada se ha hecho, salvo la colocación de unas balizas que debieron existir desde siempre y nada se ha vuelto a saber del superfabuloso sistema de seguridad ERTMS que sigue inactivo, después de tanto tiempo transcurrido. Nada ha cambiado en los sistemas de gestión de seguridad en la gestora Adif y la operadora Renfe, donde la normativa de gestión de riesgos sigue siendo paleolítica, donde la UE ha abierto expediente sancionador por las deficiencias observadas en la forma en que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) "analiza e investiga los accidentes e incidentes", así como en "las técnicas de supervisión" por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Como en otras muchas cosas, nada se ha avanzado y si en algo se ha avanzado, nadie ha dicho esta boca es mía.
Hasta ahora, solo ha habido oídos sordos a las instrucciones de la Agencia Ferroviaria Europea. Ya con anterioridad, la UE abrió un expediente a España por entender que la CIAF no funcionaba de manera independiente. La respuesta de Fomento consistió en cambiar la forma en que se eligen a los miembros de la CIAF. Y a otra cosa. Sigue sin realizarse una investigación del accidente acorde a las prescripciones emitidas por la Agencia Ferroviaria Europea, que sustituya a la realizada por la CIAF, investigación a la que Fomento y todos los ministros habidos de PP y el actual en funciones, han dado la callada por respuesta y ni el Congreso, ni jurisdicción alguna les ha obligado a repetirla.
Tampoco nadie ha dicho, ni dice nada, de cómo el "organismo notificado" CETREN realiza su cometido de verificar la interoperabilidad, conforme a normativa europea, de varias líneas, incluida la de Orense-Santiago, organismo que recoge a modo de cementerio de elefantes a cargos relevantes jubilados de la Operadora RENFE, organismo cuyos fines son estrictamente comerciales y cuya imagen de independencia deja bastante que desear.
A estas alturas, la línea donde se produjo el accidente todavía carece del preceptivo "certificado de interoperabilidad", alegando Adif en 2014 que como la línea estaba excluida del sistema transeuropeo no era necesario, proceso que, contradiciéndose, inició a fin de acreditarla como tal en septiembre de 2016. No obstante, en el proyecto constructivo inicial de la línea Ourense-Santiago la línea se concibió como una línea interoperable integrada en red transeuropea de alta velocidad.
La propia Audiencia Provincial de A Coruña en el auto por el que ordenó al juez reabrir la causa, zanjó la controversia entre Adif y la Plataforma de Víctimas y otros expertos, afirmando que se trataba de una línea de alta velocidad, por lo que para la Audiencia Provincial resultaba "poco coherente"aislar la línea del sistema transeuropeo de alta velocidad.
El accidente en sí, ha sido una cadena de despropósitos y negligencias -a mi entender- muchas de ellas dolosas, pero todo lo ocurrido después no le va a la zaga. Ninguna de las instituciones del Estado han estado a la altura de las circunstancias, empezando por la justicia, siguiendo por Fomento, los políticos, las empresas y el sursum corda. ¿Cuándo alguien piensa hacer algo con un mínimo de sentido, coherencia y decencia?
Cada minuto que pasa es un minuto más de sufrimiento con que se condena a las víctimas y sus familias, los únicos inocentes en esta causa.
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